El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado del contenido del plan al Consejo de Seguridad Nacional (CSN). El objetivo del plan es mejorar las capacidades de los órganos del Ministerio para detectar, prevenir y perseguir la ciberdelincuencia y generar un nuevo impulso operativo y técnico eficaz que garantice la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.

El plan estratégico diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad pone el foco en la prevención; en la cooperación entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los operadores jurídicos; en la dotación de capacidades suficientes y adecuadas para articular respuestas adaptadas a las diferentes modalidades delictivas; en la colaboración con la industria y los operadores relevantes en materia de ciberseguridad en el sector público y privado; y en el respeto escrupuloso a la libertad, a la privacidad y demás derechos fundamentales.

Desde estos principios, el plan diseña una estrategia global para alcanzar los siguientes objetivos específicos:

  • Promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la ciudadanía y la empresa.
  • Impulsar la formación y la especialización de los miembros de las FCSE en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad.
  • Incrementar y mejorar el uso y disposición de las herramientas tecnológicas e implementar el ámbito de la I+D+i.
  • Gestionar adecuadamente la información disponible en el ciberespacio.
  • Promover un marco legal e institucional que dé solución a los desafíos que surjan relacionados con la ciberseguridad y la cibercriminalidad.
  • Impulsar la coordinación a nivel nacional e internacional y favorecer la colaboración entre el sector público y privado.

Para la consecución de estos objetivos, el plan contempla en cuarenta y nueve líneas de acción concretas que se articulan en torno a seis ejes estratégicos: cultura de prevención de la cibercriminalidad, potenciación de capacidades, generación de ciberinteligencia, coordinación nacional y cooperación internacional, generación de un marco normativo adecuado y colaboración público-privada.

 

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